ENTRE ESTOS ESTÁN EL DIRECTOR DE DICAN, EL JEFE DE OPERACIONES, DOS FISCALES ADJUNTOS Y OTROS SIETE OFICIALES, ALISTADOS Y SUBALTERNOS
La Procuraduría General de la República solicitó un año de prisión preventiva en contra del once de los implicados en el caso Dican, incluido el director, el jefe de operaciones, dos fiscales adjuntos y otros siete oficiales, alistados y subalternos.
Así lo anunció el procurador general de la República en una rueda de prensa donde explicó los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, vinculado a la sustracción de casi mil kilos de cocaína de la DICAN.
La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, la cual se espera conozca mañana miércoles la solicitud de prisión preventiva, consistente en un año de prisión.
La medida fue presentada en contra del coronel Carlos Fernández Valerio, el jefe de operaciones de DICAN, teniente coronel Félix Humberto paulino López; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, contra quienes el ministerio público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que se les ha emitido orden de arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Domínguez Brito explicó que la investigación se hizo a una solicitud del jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo para que se haga una pesquisa sobre la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento no determinada, en la que se presumía habían como implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.
De acuerdo a los expresado por el jefe del ministerio público, las investigaciones han determinado que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de operaciones de DICAN, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.
Agrega que las actas judiciales de allanamiento en este caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones falsas, en las que indicaban que no fue encontrado nada comprometedor y que la operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, los cuales no actuaron en el mismo.
Dijo que como parte de los bienes han sido recuperados un millón 450 mil pesos en efectivo, entregados a las autoridades de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta del año 2014.
Expresó que otro de los participantes que alegadamente recibió de parte del coronel Paulino unos tres millones de pesos, entregó de forma voluntaria un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos.
Domínguez Brito precisó que la investigación no ha concluido y que siguen profundizando sin importar investidura, jurisdicciones ni posiciones.
Dijo que el mensaje está claro “los llamados a perseguir y castigar el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bajo ningunas circunstancias pueden aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y narcotraficantes”.
fuente aki Procurador revela detalles investigación en caso DICAN; pide prisión para once implicados
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